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https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31343| Título : | La doble jurisdicción y competencia de los jueces penales como jueces de garantías penitenciarias y los derechos de las personas privadas de libertad |
| Autor : | Tite, Segundo Ramiro Jara León, José Ricardo |
| Palabras clave : | CONSEJO DE LA JUDICATURA DERECHOS HUMANOS DOBLE JURISDICCION GARANTIAS CONSTITUCIONALES SISTEMA PENITENCIARIO PRIVADOS DE LA LIBERTAD |
| Fecha de publicación : | sep-2020 |
| Editorial : | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Unidad de Posgrado, Maestria en Derecho Constitucional |
| Resumen : | The issuance of the 2008 Constitution allowed Ecuador to undergo several transformations regarding an expansion of the catalog of rights and the conception of a Social State of Rights and Justice. Thus, disrupting the administration of justice and the role of the Judge, who enters the sphere of guarantee and protection of the rights of the individual. The Ecuadorian legal system complies with international standards in penitentiary matters, instituting judges for penitentiary guarantees. So, executing the sentence protects the rights of persons deprived of liberty, as a contribution to a specialized judicial system, making a distinction with the criminal guarantees judges who are responsible for knowing and punishing the typical and unlawful behavior of individuals. The regulations and their evolution project a State that guarantees rights. However, in practice, the Judicial Council, under the pretext of criminal efficiency and optimization of resources, never appointed these judges and issued Administrative Resolution No. 018 - 2014, which extended this competence and functions to criminal guarantees judges. This affected legal certainty, the principle of legality and specialty that underpins the jurisdiction and competence of justice operators, and limited the right to effective judicial protection of persons deprived of liberty. In other words, an administrative act tacitly acquires the rank of the organic law, which is not empowered by the legal reserve principle. The research used a qualitative-quantitative methodology, using the interview and survey to determine the criteria of the population of Judges, prosecutors, public defenders, and lawyers in free practice in the city of Riobamba. The results determined a violation of the rights of persons deprived of liberty and a legal contradiction with the functions that the Judge of criminal guarantees must fulfill, consistent with his strictly tutelary role as Judge of penitentiary guarantees. |
| Descripción : | En Ecuador a partir de la expedición de la Constitución del 2008, sufrió varias transformaciones en lo referente a una ampliación del catálogo de derechos y a la concepción de un Estado Social de Derechos y Justicia, trastocándose por ende la administración de justicia y el rol del Juez, quien ingresa a la esfera garantista y protectora de los derechos del individuo. El ordenamiento jurídico ecuatoriano, cumple con los estándares internacionales en materia penitenciaria, instituyendo la creación de los jueces de garantías penitenciarias para que, en el proceso de ejecución de la pena, tutele de los derechos de las personas privadas de libertad, como aporte a un sistema judicial especializado, marcando una diferenciación con los jueces de garantías penales a quienes les compete conocer y sancionar las conductas típicas y antijurídicas de los individuos. La normativa y su evolución proyectan un Estado garante de derechos; sin embargo, en la práctica el Consejo de la Judicatura, a pretexto de un eficientismo penal y optimización de recursos, nunca nombró a estos jueces y expidió la Resolución Administrativa No. 018 - 2014 a través de la cual extendió esta competencia y funciones a los jueces de garantías penales, vulnerando la seguridad jurídica, principio de legalidad y especialidad que cimenta la jurisdicción y la competencia de los operadores de justicia, y una limitación del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas privadas de libertad. Es decir, un acto administrativo adquiere tácitamente el rango de ley orgánica de la cual no está facultado por el principio de reserva legal. La investigación empleó una metodología cuali-cuantitativa, usando la entrevista y encuesta para conocer el criterio de la población de Jueces, fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Riobamba. Los resultados determinaron la existencia de violación a los derechos de las personas privadas de libertad y contradicción jurídica con las funciones que debe cumplir el juez de garantías penales concordante a su rol estrictamente tutelar de juez de garantías penitenciarias. |
| URI : | https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31343 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Derecho Constitucional |
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