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Título : Las medidas cautelares de carácter personal solicitadas por el ministerio público, en las etapas de investigación en los procesos penales vulneran los principios constitucionales al conferirlas por el juzgado primero de garantías penales de Tungurahua en el segundo semestre del 2010
Autor : Rodríguez Silva, Adriana Isabel
Palabras clave : MEDIDAS CAUTELARES
CONSTITUCIONALIDAD
Fecha de publicación : 2012
Resumen : El Ecuador pertenece a un Estado constitucional de derechos que protege al ciudadano en sus diferentes ámbitos, de alguna forma a trata de combatir las diferentes corrupciones presentadas en todos los servicios públicos que brinda, a fin de que sean satisfechos de los mismos, lamentablemente su lucha por una administración de justicia, rápida, eficaz y eficiente ha sido una de sus debilidades, ya que desde el mismo órgano legislativo ha impedido buscar soluciones clara para aplicar la justicia, dentro de este enfoque se puede ver que nuestra norma adjetiva penal aún tiene una serie de complicaciones y vacíos que vulneran no sólo los derechos del procesado sino también de la víctima u ofendido. En este caso se estableció un enfoque sencillo del problema jurídico que acarrea la inexistencia de requisitos básico, y que debe contemplar la Fiscalía para solicitar a las juezas y jueces la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, en la realidad procesal se ha podido ver que existe una serie de presunciones en los procesos penal que insistan a que el fiscal o la fiscal solicite cualquier tipo de medidas cautelares sin demostrar la responsabilidad del procesado y vulnerando los principios fundamentales contemplados en la Norma Suprema como son el principio de la presunción de inocencia, del derecho a la defensa entre otros. Es así que se ha visto una serie de casos judiciales donde de forma arbitraria se presume que el procesado puede fugarse y se dicta prisión preventiva y finalmente en el proceso se establece un auto de sobreseimiento, cabe preguntarse: ¿Quién restablecer el derecho de la libertad del procesado?, ¿Cómo restablece el Estado el daño psicológico que sufrió el procesado y su familia?, ¿Quién le paga el tiempo y dinero que invirtió por su defensa?, son varias las interrogantes que se presentan y que no puede ser contestadas.
URI : http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/4648
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