EL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL ALIMENTADO

Abstract

Es de conocimiento público que los derechos de los menores son irrenunciables y que los padres tienen la obligación de proveer los recursos necesarios para el sustento diario de sus hijos, sin embargo, al existir una demanda por pensión alimenticia en contra de uno de los progenitores, y de darse el retraso en el pago dentro de dicho juicio, este derecho se vulnera, creando de esta manera un sin número de problemas económicos, sociales, laborales y afectivos, donde los menores son los únicos perjudicados. Al hablar de pensión alimenticia se entiende sobre el dinero indispensable para el sustento, vestido, habitación, educación, y asistencia médica del alimentado siempre y cuando sea menor de edad, se encuentre cursando sus estudios hasta los veintiún años o aquellos quienes poseen alguna clase de discapacidad física o mental que le dificulte o le impida subsistir por sí mismo. Es por esta razón que el Estado a través de sus autoridades están en la obligación de garantizar que se cumplan los derechos en favor de los alimentados, así como también el de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República del Ecuador. El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia garantiza al alimentado la prestación de alimentos en su favor, entendiéndose que ese derecho nace de la relación parento-filial e implica la garantía de una vida digna con el fin de proporcionar los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas del alimentado. Los alimentos son una obligación legal y moral y por esto mismo deben prestarse de manera voluntaria, pero si no se cumple con esta obligación debe demandarse y ha de abonarse desde la fecha de la interposición de la demanda. La presente investigación está enfocada al planteamiento de una propuesta que evite el retraso en los pagos de las pensiones alimenticias, para de esta manera no vulnerar los derechos del menor.