Maestría en Derecho

Permanent URI for this collectionhttp://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/36969

Browse

Now showing 1 - 20 of 28

THE FAIR PRICE IN THE PROCESSES OF EXPROPRIATION OF PROPERTIES CARRIED OUT BY THE AUTONOMOUS GOVERNMENT DECENTRALIZED MUNICIPALITY OF AMBATO.
(2023) Pérez Freire, Fanny Yolanda; León Castro, Carlos Marcelo
La figura jurídica de la expropiación ha sido formulada en el ámbito público, con el propósito de que la administración pública en ejercicio de su actividad pueda adquirir un bien inmueble de acuerdo a las disposiciones que se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico en sus diferentes categorías de supremacía; de forma concurrente ha sido establecido el derecho a la propiedad para garantizar a su titular pleno dominio respecto de sus bienes; empero, la misma norma ha previsto situaciones en las cuales este derecho sea limitado, como es el caso de bienes inmuebles, por razones de utilidad pública o interés social; para que la expropiación se configure y tenga lugar de acuerdo con la ley, es precisa la previa justa valoración, indemnización y pago, requisito sine qua non que en determinados casos genera desacuerdos entre la administración y el administrado; pero que la distingue de la confiscación, prohibida del mismo modo en la norma jurídica. El objetivo planteado para la investigación constituyó, determinar si en los proceso de expropiación, realizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, se vulnera el derecho al justo precio, de acuerdo con el COOTAD y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Con los datos e información recopilada a xii través de las entrevistas y procesos o expedientes de expropiación fue posible precisar que, el administrado efectivamente considera que el justo precio debe fijarse tomando como criterio vinculante el avalúo real o comercial; en este orden, la indemnización a recibir implica un perjuicio, ya que, esta no resulta equitativa o proporcional al perjuicio que experimenta; verificándose por ende la hipótesis planteada, en los procesos de expropiación para establecer el justo precio se considera únicamente el valor del avaluó catastral del año anterior al anuncio de proyecto, y; no el valor del avaluó comercial del bien afectado
Análisis de la valoración de la prueba y el principio de presunción de inocencia en los sumarios administrativos de docentes en la zona 3 del Ecuador
(2023) Clavijo Miranda, José Luis; Celi Toledo, Israel Patricio
La valoración de la prueba y el principio de presunción de inocencia establecidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, constituyen factores preponderantes durante la sustanciación de un sumario administrativo. La valoración de la prueba en el ámbito legal actual implica un análisis global de las pruebas incorporadas al procedimiento. Esto, con la finalidad de que las autoridades encargadas de sustanciar un procedimiento disciplinario en contra de un servidor público, arriben a una decisión justa e imparcial. Por su parte, para poder desvirtuar la presunción de inocencia que posee rango constitucional no basta con que haya pruebas de cargo en un expediente administrativo, y que se desahogan en audiencia oral, sino que, éstos medios de prueba deben demostrar que la persona efectivamente cometió el hecho o falta grave que se le está atribuyendo. En virtud a lo expuesto, el objetivo en el presente trabajo investigativo es analizar si la valoración de la prueba incide en el principio de presunción de inocencia en los procedimientos administrativos disciplinarios ejercidos en contra de docentes fijados en la zona 3 del ministerio de educación del Ecuador. Los resultados de la investigación determinan la trascendental significancia de la correcta aplicación de la valoración probatoria utilizando los estándares de xi prueba; debido a que los mismos sirven de fundamento para que las autoridades administrativas emitan sus resoluciones. Con respecto a la presunción de inocencia, se constituye como pilar fundamental durante todo el ejercicio de la potestad disciplinaria, y el sujeto pasivo que es el servidor público, debe ser tratado con base en este principio del debido proceso mientras no exista la correspondiente resolución que pruebe su responsabilidad. Se aborda por lo tanto, una investigación de tipo documental mediante un enfoque cualitativo y un nivel descriptivo, que permite recopilar información esencial respaldada en fuentes de carácter bibliográfico y documental, aunado con el análisis de casos que comporten a dilucidar el eje temático con suprema pericia
Afectación al principio de contradicción en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos en contra de las instituciones financieras de la economía popular y solidaria
(2023) Chagñay Ríos, Alex Darío; León Castro, Carlos Marcelo
El principio de contradicción dentro de todo proceso, sea judicial o administrativo, tiene una relevancia al punto de que su inobservancia nulita cualquier resolución o acto administrativo emanado por la autoridad pública. Dentro del sector de la economía popular y solidaria, es fundamental el seguimiento y supervisión que el organismo de control hace a sus administrados, y en el presente estudio, a las entidades financieras que forman parte del sector; como producto de las supervisiones o auditorias que practica la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se emiten informes de auditoría con el detalle de las observaciones encontradas en el proceso de supervisión; de las mismas se generan responsabilidades administrativas e incluso penales en contra de los directivos de estas instituciones financieras, y dichas infracciones son sancionadas a través de un Procedimiento Administrativo Sancionador, para lo cual es necesario establecer todos y cada uno de los elementos que sirven de soporte para proceder con el procedimiento. Sin embargo, en la elaboración del expediente, no se incluye el informe de auditoría ya que éste, por normativa interna de la superintendencia, tiene el carácter de reservado y su publicidad queda impedida a terceros, bajo prevenciones de ley. Lo detallado se enmarca en una situación que impide trasladar a conocimiento de los procesados el informe de auditoría que xii detallaría con precisión las inobservancias levantadas por el equipo supervisor. Sobre la situación planteada, esta investigación recoge varios conceptos que resaltan la importancia del principio de contracción, y desde el punto de vista normativo y doctrinario; y, ante el análisis realizado por el investigador se determina que no existe una eficaz oportunidad, por parte del administrado, para contradecir la prueba aportada por la administración pública dentro del Proceso Administrativo Sancionador, en tal sentido, esta investigación enfatiza la necesidad de guardar el eficaz cumplimiento del principio de contradicción y establecer la excepcionalidad de reserva de la información a quienes forman parte de procedimiento sancionador.
La implementación del nuevo procedimiento administrativo sancionador establecido en el código orgánico administrativo; y, las garantías fundamentales del principio de seguridad jurídica y debido proceso en el GAD municipal del cantón Baños de Agua Santao Hugo Fernando Bayas Villagómez
(2023) Bayas Villagómez, Hugo Fernando; Ojeda Chamba, Jenny Lorena
El presente trabajo de investigación abarca el nuevo procedimiento administrativo sancionador establecido en el Código Orgánico Administrativo, donde se determina que toda administración pública tiene la obligación de identificar la motivación de la conducta antijurídica que presuntamente se imputa al Inculpado y su correspondiente sanción escrita, previa, cierta y determinada a la fecha del cometimiento de los hechos materia de investigación administrativo - sancionatoria, un debido procedimiento administrativo, siendo mandatorio en sede administrativa establecer tipicidad, antijuridicidad y posible responsabilidad o no de la infracción administrativa que se imputa, siempre amparándose en el mandato prevalente de la Constitución (2008) que consagra especialmente los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y dignidad humana, donde la carga probatoria le corresponde a la administración pública, así como las actuaciones de la función instructora para el examen de los hechos recabando datos relevantes para determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa, mientras que en su rol el órgano sancionador forma voluntad administrativa y resuelve el mismo. El objetivo del xiii presente trabajo es fortalecer la aplicación de las garantías fundamentales del derecho al debido proceso y seguridad jurídica en el Procedimiento Administrativo Sancionador sustanciado en el GAD Municipal del cantón Baños de Agua Santa, estas actuaciones procedimentales resultan importantes por ser el derecho administrativo sancionador parte del ius puniendi de las administraciones públicas, por tanto nace constitucionalmente la obligatoriedad de garantizar en su sustanciación tanto el derecho al debido proceso como la garantía de seguridad jurídica, por lo cual el norte de la investigación principalmente es mitigar el menoscabo de los derechos de los Inculpados en sede administrativa municipal. El presente trabajo de investigación se desarrolló de forma principal en base a un corte descriptivo - teórico; con alcance exploratorio; principalmente a través de los métodos: científico sistémico -estructural - funcional; histórico lógico; análisis - síntesis e inducción - deducción; y, además mediante el método empírico de observación con la finalidad de establecer los principales aspectos débiles del Procedimiento Administrativo Sancionador en sede administrativa municipal del GADBAS, que a su vez permitió obtener las bases teóricas que coadyuvarán en que la propuesta presentada sea efectiva, eficaz y expedita. Además, se tomó en consideración el uso de instrumentos de recolección de datos como entrevistas y encuestas; logrando de esta manera complejizar e identificar el nivel de seguridad jurídica y el respeto al debido proceso, presente dentro del GAD Municipal del cantón Baños de Agua Santa.
Eficacia jurídica de los recursos contencioso - electorales especializados en contra de resoluciones estrictamente administrativas del consejo nacional electoral.
(2023) Holguín Ochoa, Fausto Javier; Fernández Sánchez, Lineth del Rocío
La presente investigación se centra en la interposición de los recursos contencioso – electorales ante el Tribunal Contencioso Electoral respecto de las resoluciones administrativas del Consejo Nacional Electoral, teniendo como objetivo general determinar su eficacia jurídica, a través de la identificación de las falencias en su ejecución y las líneas jurisprudenciales relevantes respecto a las responsabilidades administrativas en la ejecución de las sentencias de la justicia electoral, además de desarrollar un instructivo en materia contencioso – electoral y una guía de elaboración de resoluciones administrativas con la finalidad de orientar la activación de los recursos ante la justicia electoral. Estos objetivos fueron cumplidos a través de un modelo de investigación cualitativo y proyectivo, utilizándose los métodos de investigación analítico, normativo – jurídico y jurisprudencial, aplicando técnicas como lectura científica, fichas nemotécnicas, el análisis sistemático – normativo, la entrevista estructura y el análisis sistemático de la jurisprudencia electoral. En los resultados obtenidos se evidenció la falta de prolijidad y uniformidad en la ejecución de las resoluciones del CNE afectando su eficacia y los derechos políticos de los ciudadanos y organizaciones políticas, estableciéndose un flujo homogéneo del viii procedimiento contencioso electoral, determinándose la necesidad de diseñar una herramienta normativa que reduzca las dificultades de los ciudadanos y organizaciones políticas para lograr una correcta creación y aplicación de los actos administrativos del CNE y acceder a los recursos- contenciosos electorales ante el TCE, concluyéndose que la Función Electoral es una garantía de tutela de los derechos políticos establecidos en la Constitución y el Código de la Democracia. Se estudiaron varios casos del Tribunal Contencioso Electoral, del cual al verificar tanto el procedimiento administrativo en el Consejo Nacional Electoral, como el proceso en si en el Tribunal Contencioso Electoral, se pudo verificar la ineficacia jurídica de las resoluciones del primer organismo por la falta de sustanciación correcta de los procesos que se llevan a cabo en esta institución, así como la fundamentación en sí de sus resoluciones a causa de esta falencia, lo que motivo a plantear el diseño de un instructivo que contenga la naturaleza de la jurisdicción contencioso electoral como mecanismo suficiente de reclamación de resoluciones administrativas y una guía de elaboración de resoluciones administrativas en la cual se determinen los plazos, términos, tipo de recurso y el objeto de reclamación. Como resultado de esta investigación se ha realizado un instructivo en materia contencioso electoral como una guía de elaboración de resoluciones administrativas.
El principio de equidad fiscal como garantía de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos contribuyentes
(2023) Tovar Jácome, Stefania Jeanneth; Ojeda Chamba, Jenny Lorena
El principio de equidad fiscal plantea que quienes ganan más deberían contribuir con mayores impuestos, cualquier impuesto recaudado en el país, es obligatorio y se supone que sustrae una parte de los fondos de las personas físicas y jurídicas. La contribución debe fundamentarse en los niveles de ingresos de los contribuyentes, pero sin una ley más eficiente la vulnerabilidad de los derechos es frecuente en el Ecuador. La equidad es transversal con los otros principios, especialmente aquellos relacionados con la capacidad contributiva, la solidaridad e igualdad. El pago de impuestos provoca la indignación de ciertos segmentos de la población ecuatoriana, por ser considerados inequitativos, injustos y vulneran los derechos de los contribuyentes. El objetivo es analizar el principio de equidad fiscal como garantía de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos contribuyentes. La metodología es bibliográfica – documental, descriptiva y analítica. La muestra de estudio son 347 abogados registrados en el Foro de Abogados del Ecuador de la provincia de Tungurahua. Para la recolección de la información se aplicó una encuesta. Los resultados establecen que el 26,8% están totalmente en desacuerdo y el 24,8% en desacuerdo que la normativa vigente reconoce el principio de la capacidad de pago del ciudadano-contribuyente, no están de acuerdo xiii que la normativa vigente, brinde las garantías en la recaudación de impuestos según la capacidad de pago de los ciudadanos – contribuyentes. También consideran que la normativa tributaria vigente no define tipo de derecho de los contribuyentes (Totalmente en desacuerdo (38,3%) y En desacuerdo (21,3%). Aunque se haya aprobado de manera reciente la reforma al Código Tributario en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, que trata acerca de los derechos de los sujetos pasivos. La aplicación de los principios constitucionales del sistema tributario es fundamental y se relaciona con el respeto a los derechos de los contribuyentes.
El ejercicio del procedimiento de ejecución coactiva enfocado al debido proceso dentro de la potestad de cobro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social del cantón Ambato
(2023) Hidalgo Miranda, Andrea Giovanna; Ojeda Chamba, Jenny Lorena
El presente trabajo de investigación analizó las diferentes garantías del Debido Proceso establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, las cuales se deben aplicar dentro de cualquier procedimiento administrativo, lo que incluye a los procedimientos especiales de ejecución coactiva para el cobro de obligaciones pendientes. Es así que, en el capítulo segundo se desarrolló el estado del arte aportando temas desde el origen y conceptualización de este derecho constitucional, mismo que asegura a las partes condiciones mínimas de naturaleza procesal con el fin de proteger de forma adecuada los derechos de las personas; no hay que olvidar que la Carta Fundamental tiene un valor normativo y conforme lo manifiesta el artículo 426 de la misma su aplicación es directa. Por otro lado, se ha detallado en la presente investigación lo manifestado en el artículo 76 de la Carta Magna a fin de comprender cada una de las garantías del debido proceso. Además, se revisó y analizó los actos emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a fin de entender el procedimiento administrativo y coactivo que se lleva a cabo por esta Institución, tomando en cuenta que al ser una entidad pública ejerce algunos instrumentos o medios para efectivizar el cumplimiento de obligaciones xiv pecuniarias por parte de sus afiliados y jubilados, dentro de los cuales se puede encontrar la imposición de medidas cautelares de carácter real sobre los bienes de los obligados (deudor o administrado). Ahora bien, en las entrevistas realizadas a los Abogados externos que sustancian bajo su cargo los procedimientos de ejecución coactiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón Ambato, han manifestado que se cumple con las garantías del debido proceso, sin embargo, en las encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio indican que no son cumplidas estas garantías procesales, pudiendo existir indefensión por la falta de notificación y la falta de proporcionalidad en la aplicación de las medidas cautelares.
El doble conforme en los procesos contenciosos administrativos y el derecho del administrado a recurrir en jurisdicción ordinaria
(2023) Vayas Castro, Guillermo Santiago; Ojeda Chamba, Jenny Lorena
El presente trabajo de titulación se ha desarrollado con la finalidad de constituir un aporte dentro del ámbito normativo; ya que, enfoca la realidad del proceso contencioso-administrativo, frente a la imposibilidad de impugnación y de poder recurrir en vía ordinaria por parte del administrado dejándolo en un estado de indefensión desde la esfera legal. Para el efecto se lo ha tratado desde el análisis doctrinario realizado bajo la perspectiva de distintos autores que, habiendo conocido sobre la problemática existente en otros estados, se han pronunciado sobre la necesidad de la incorporación de un texto normativo que permita incrementar la figura del recurso de apelación dentro de la norma procesal de un estado, en este caso, dentro del Código Orgánico General de Procesos, como parte del respeto y aplicación de los derechos que tiene una persona, amparada convenciones internacionales, como el Pacto de San José, que establece la posibilidad de recurrir no solamente en materia penal. En la parte metodológica se ha utilizado un enfoque cualitativo, puesto que no se basa en estadísticas sobre la utilización o no del recurso; sino que, la realidad de nuestro país demuestra que no x recoge dicha alternativa. Por lo tanto, refleja la necesidad de su aplicación en la normativa ecuatoriana. Finalmente, a través del trabajo de investigación, se ha pretendido establecer una recomendación para el cumplimiento de los derechos de los administrados; por lo que, cuando se trate de asuntos de legalidad, en los que se pueda afectar derechos de los administrados, puedan acceder a la aplicación de un recurso que sea más sencillo y efectivo, que se pueda interponer ante el órgano jurisdiccional, para el cumplimiento de las garantías establecidas en normativa, entre las cuales se encuentra el doble conforme, regla establecida en convenios internacionales, que la Constitución del Ecuador, establece de obligatorio cumplimiento.
Las resoluciones administrativas para permisos de construcción en conflicto con los parámetros de motivación de la corte constitucional.
(2023) Cocha Medina, Aida Paulina; Romo Santana, José Luis
El presente trabajo de investigación evidencia la falta de motivación en las resoluciones administrativas dictadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato para los permisos de construcción, cuando Carta Constitucional en el artículo 76, numeral 7, literal l, determina que toda resolución administrativa o judicial debe estar debidamente motivada, en concordancia con los nuevos parámetros de la motivación establecidos por la Corte Constitucional mediante la Sentencia N1158-17-EP/21, del 20 de octubre del 2021. En este sentido, demostraré como las resoluciones administrativas, dictadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato para los permisos de construcción, incumplen con esta disposición y solo se limitan a enunciar de manera textual la norma legal supuestamente infringida, basada en criterios técnicos de los funcionarios que no garantizan el derecho del debido proceso al administrado y que además vulneran otros derechos establecidos en la Carta Sustancial. Para ello, analizaremos detenidamente una muestra aleatoria de las resoluciones administrativas emanadas por este órgano de control y regulación de los permisos de construcción. De la investigación realizada se demuestra que las resoluciones administrativas dictadas por el Gobierno Autónomo xiii Descentralizado Municipal de Ambato están en conflicto con los nuevos parámetros de la motivación establecidos por la Corte Constitucional; por cuanto, realizado el estudio a las resoluciones administrativas, que arrojan deficiencias motivacionales de inexistencia, insuficiencia y apariencia y vicos motivacionales de incoherencia, inatiniencia, incongruencia e incomprensibilidad, para ello expondré al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato, el estudio jurídico realizado para proponer mejoras, para garantizar el cumplimiento de la garantía de la motivación. El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado con el apoyo de los métodos histórico lógico, método sistemático – estructural – funcional, de análisis – síntesis, método inductivo - deductivo y método abstracto concreto; así, como también hemos utilizado el método empírico, apoyados en la observación y el análisis de contenido en el presente trabajo investigativo
La garantía constitucional del debido proceso, su incidencia en los trámites administrativos y las responsabilidades de los servidores públicos
(2023-03) Lalama Ochoa, María Soledad; Romo Santana, José Luis
Las actividades de los servidores públicos se encuentran relacionadas con el cumplimiento de garantías constitucionales, que satisfagan el derecho de facilitar a los administrados la resolución de requerimientos justos, principalmente aquella que trata del debido proceso y que conceda seguridad jurídica en la ejecución de trámites administrativos. En este sentido, se han tomado como punto de partida aquellos actos administrativos que permitieron establecer los procedimientos desarrollados, valorar su cumplimiento, y así determinar aquellos que, por acción u omisión en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos, han dado como resultado responsabilidades, sean estas administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Este trabajo de investigación analiza el cumplimiento de la garantía constitucional del debido proceso en los trámites de administrativos de la Universidad Técnica de Ambato y su incidencia en las responsabilidades de los servidores públicos. Del estudio realizado se ha podido determinar cómo resultados más relevantes de la investigación, que la determinación de los procesos de responsabilidades administrativas, instaurados a los servidores públicos de la Universidad Técnica de Ambato, son producto de la falta de claridad en la aplicación de la garantía constitucional del debido proceso en los trámites administrativos. Para ello se plantea como objetivo de la investigación, analizar las bases constitucionales y legales que sustentan la tramitación de un procedimiento administrativo para el cumplimiento de las garantías que componen el derecho a la defensa. Para lo que se ha seguido una investigación de tipo teórica, partiendo del pensamiento lógico y la aplicación de los métodos; se investigó a partir de conocimientos existentes, tomando como base información de libros, normativa jurídica y reglas jurisprudenciales para llegar al propósito principal, que fue el fundamentar las bases normativas que sustenten la aprobación de un procedimiento administrativo que garantice el cumplimiento del derecho al debido proceso en los trámites administrativos y responsabilidades de los servidores públicos. La investigación empírica también fue parte del estudio, ya que se analizó la aplicación del debido proceso en las responsabilidades administrativas, a partir de la experiencia directa del investigador obteniendo el conocimiento e información a través de la observación de la, que ha utilizado como métodos teóricos el análisis - síntesis, el método sistémico – estructural - funcional, el método causal, el método hermenéutico y el método de derecho comparado, de igual forma dentro de los métodos empíricos ha utilizado la observación y el análisis de contenido.
Ineficacia de la seguridad jurídica en los procedimientos de licitación de obras
(2023-03) Ortega Logroño, Marcelo Israel; Celi Toledo, Israel Patricio
El objetivo de la presente investigación es demostrar la ineficacia del ejercicio del derecho a la seguridad jurídica en los procedimientos de licitación de obras públicas por la aplicación de la Resolución No. RE-SERCOP-2019-0000100. La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo fenomenológico, los métodos usados son el histórico-lógico, deductivo-inductivo y analítico-sintético, el tipo es estudio del caso. Adicional a ello se encuentran los problemas jurídicos planteados, que son: ¿Cómo se aplica la garantía de la motivación en la Resolución No. RE-SERCOP-2019-0000100?, ¿Cómo vulnera el derecho a la seguridad jurídica la Resolución No. RE-SERCOP-2019-0000100, con relación al principio de la eficiencia y legalidad? Los fundamentos legales se cimientan en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y el Código Orgánico Administrativo (COA). Del análisis efectuado y del planteamiento del caso se determina que la aplicación de la Resolución No. RE-SERCOP-2019-0000100, vulnera el derecho a la seguridad jurídica, ya que la misma propicia la incomprensibilidad, deficiencia motivacional, contenida en la apariencia motivacional, constituyéndose en un vicio motivacional, del cual no se comprende su expedición. Este vicio desencadena un sinnúmero de vulneraciones subsecuentes que se detalla a lo largo de la investigación, es decir, no solo permite que las compras públicas se mantengan en terapia intensiva, si no que las adecua a las decisiones de turno, y no a la realidad social y cultural en la cual se aplica. En este escenario, se advierte que gran parte de las previsiones normativas que están orientadas a dotar de mayor discrecionalidad a los compradores públicos han sido importadas de otras experiencias, pero, una vez más, poco o nada se menciona sobre la ponderación que se debió realizar para concluir que si era posible implantar estas medidas en las particulares condiciones y limitaciones de la administración pública, de ningún modo asimilables a la burocracia especializada de los organismos internacionales consultados como referentes (Ordoñez, 2015). De este modo, es imprescindible y necesaria la implementación de mecanismos administrativos que efectivicen el ejercicio de la seguridad jurídica, de las actuaciones administrativas, y de la aplicación discrecional de los servidores encargados del manejo de los procedimientos de licitación de obras, esto podría ser viable a través de un nuevo marco reglamentario y la reformulación jurídica de la resolución en análisis, de forma motivada.
El procedimiento administrativo sancionatorio entre la función instructora y la sancionadora, para el cumplimiento de los derechos y garantías al debido proceso
(2023-08) Bastidas Medina, Juan Carlos; Ojeda Chamba, Jenny Lorena
En el Código Orgánico Administrativo (COA), se contempla el Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS), que se ejecuta cuando existe la presunción de que un ciudadano ha cometido en alguna conducta u omisión antijurídica, misma que requiera una sanción administrativa. La normativa establece que, en la aplicación del proceso en mención, se debe separar la función instructora de la función sancionatoria, situación que podría no estarse cumpliendo, por lo que, en este caso, se indaga para conocer la situación, y de ser el caso, plantear mejoras en las acciones desarrolladas por los responsables del área jurídica. Este trabajo investigativo tiene como objetivo analizar el PAS y su ejecución en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Pedro de Pelileo (GAD del cantón Pelileo), ubicado en la provincia de Tungurahua, Ecuador. Se busca verificar si se cumple la debida separación de funciones entre la Función Instructora y la Función Sancionatoria, garantizando así los derechos de las personas y el debido proceso en los fallos dictaminados. Como estrategia metodológica, el estudio se enfoca en el paradigma cuantitativo, siendo una investigación de alcance descriptivo. El tamaño muestral corresponde a 161 trabajadores que se seleccionaran de manera aleatoria, se empleó la técnica de encuesta con una Escala de Likert y el análisis documental y de xiii contenidos. Durante el procesamiento de la información se recurrió a la utilización de datos estadísticos en el software SPSS v.25. Entre los resultados obtenidos se plantea una Reforma al Orgánico estructural que contribuya al mejoramiento de la calidad en los diferentes procesos velando por los derechos y garantías del debido proceso. El trabajo se estructura en varios capítulos. El Capítulo I describe y justifica el problema de estudio, que es el análisis del PAS y su ejecución en el GAD del cantón Pelileo. El Capítulo II se enfoca en la revisión teórico-científica de las variables de estudio, estableciendo un marco teórico que contrastará con la información empírica obtenida. El Capítulo III detalla las estrategias metodológicas utilizadas en la investigación. El Capítulo IV presenta los resultados, conclusiones y recomendaciones alcanzadas.
La notificación de multas por los sistemas de fotorradares y la vulneración del derecho a la defensa
(2024-04) Paredes Guerrero, Fanny Cecilia; Granizo Haro, Asdrúbal Homero
La notificación electrónica que se realizó a 362 mil conductores que cometieron infracciones desde enero de 2020 hasta julio 2021, para recaudar más de 60 millones de dólares, por concepto de foto multas por exceder los límites de velocidad permitidos en las vías terrestres donde se encontraban colocados dos fotorradares, específicamente del noveno fotorradar que se encontraba ubicado en la avenida Bolivariana, en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, ha ocasionado la vulneración del legítimo derecho a la defensa, esta problemática se genera cuando la empresa contratada para la colocación de estos dispositivos tecnológicos presenta una acción de protección en la provincia de Los Ríos, y gana en primera instancia, una vez ejecutoriada esta sentencia procedió a notificar sin la autorización de la Municipalidad de Ambato desde un correo aparentemente institucional, para que los infractores paguen estas multas de manera inmediata; posterior a ello la Municipalidad de Ambato apela la sentencia de primera xiii instancia y ganó en segunda instancia en esta sentencia se indica que multas generadas en el octavo y noveno fotorradar no debían ser notificadas sin previa autorización de la municipalidad. La problemática con los fotorradares ha existido desde el año 2014 con la suscripción del contrato, firma del adendum, cambios de porcentajes en ganancias y la falta de capacitaciones para la prevención de accidentes de tránsito en definitiva por las partes que suscriben el contrato hasta la presente fecha no han brindado las capacitaciones de prevención de accidentes. La problemática con estos foto sensores se agrava cuando documentadamente se certifica que la competencia del control de estas vías es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) quien dispuso el retiro de estos dispositivos en marzo del 2022, cabe mencionar que el retiro de los fotorradares no reparael derecho vulnerado, el proceso para la devolución de los aproximadamente dos millones de dólares por las multas ya cobradas aún no se ha cristalizado totalmente y los ciudadanos perjudicados siguen buscando respuestas legales. Esta investigación marcaráun precedente ya que propone la emisión de un acto normativo de carácter administrativoque restituya los dineros cobrados a los ciudadanos ambateños ilegalmente notificados.
El principio de calidad en el servicio de emisión de certificados de gravámenes en la administración pública del gobierno autónomo descentralizado de Ambato.
(2024-04) Jerez Jiménez, Túpac Edison; Granizo Haro, Asdrúbal
El principio de calidad en el servicio de emisión de certificados de gravámenes en la Administración Pública del Gobierno Autónomo Descentralizado de Ambato es un componente fundamental para garantizar la eficiencia y la satisfacción de los ciudadanos. A nivel general, el principio de calidad en las administraciones públicas comprende que dicha actividad administrativa cumpla con los estándares mínimos para su prestación, lo que comprende que deba ser eficiente, eficaz, y transparente, de modo que pueda satisfacer plenamente los derechos de la ciudadanía. A tales efectos, la emisión de certificados de gravámenes es una tarea esencial en la gestión gubernamental, ya que proporciona información clave para transacciones inmobiliarias y financieras, y la calidad en este proceso implica la entrega oportuna de certificados precisos y confiables. La investigación aborda aspectos como la accesibilidad, la puntualidad y la precisión de la emisión de estos certificados. También analiza la percepción de los ciudadanos sobre la calidad del servicio y busca identificar posibles áreas de mejora. La aplicación de principios de gestión de la calidad, como la mejora continua y la participación ciudadana, se consideran esenciales en este proceso. Destacando la importancia de mejorar la calidad de los servicios públicos para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la administración pública, así como la necesidad de adoptar enfoques modernos de gestión para optimizar la emisión de certificados de gravámenes en la Municipalidad. Conforme a lo anterior, Se ha adoptado una metodología que, mediante el análisis documental y la encuesta a usuarios del registro en el Cantón, con un enfoque hermenéutico-jurídico, inductivo-deductivo y analítico-sintético, ha logrado determinar que, si bien el servicio de certificación de gravámenes del Registro de la Propiedad cumple con estándares mínimos de calidad, es necesario mejorar la accesibilidad y transparencia en el trámite para que el servicio resulte óptimo en su totalidad.
El procedimiento disciplinario para faltas leves en la ley orgánica del servicio público y su reglamento general; y,el derecho al debido proceso y seguridad jurídica
(2024-04) Villamarin Silva, Galo Vinicio; Granizo Haro, Asdrúbal Homero
El capítulo cuarto de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), refiere del régimen disciplinario de los artículo 41 al artículo innumerado a continuación del artículo 43, en el artículo 41 determina que el servidor público que llegase a incumplir las obligaciones o contraviniere las disposiciones contenidos en la LOSEP, su reglamento general o normativa conexa, incurrirán en responsabilidad administrativa que será sancionado mediante régimen disciplinario, la cual deberá ser aplicada en base al debido proceso, principio que guarda concordancia con el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Dichas faltas administrativas se clasifican en faltas leves y graves, las viii primeras, son aquellas acciones u omisiones de los servidores que contravengan las disposiciones contenidas en la Constitución y la Ley, que no alteren gravemente el desenvolvimiento de la administración pública, las cuales se sancionan con sanción verbal, sanción escrita o sanción pecuniaria administrativa, previo proceso administrativo que respete las reglas del debido proceso
El universidad técnica de ambato centro de posgrados programa de maestría en derecho procedimiento cohorte: 2021 impugnación de las sanciones administrativas y su aplicación a los servidores públicos de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Ambato
(2024-04) Jiménez Panimboza, Daniel Isaias; Granizo Haro, Asdrúbal Homero
La actual Constitución de la República del Ecuador establece un marco jurídico que garantiza derechos y estructura mecanismos para protegerlos. Bajo ese argumento, se enmarca el derecho a un debido proceso tanto disciplinario como de impugnación en sede administrativa. El trabajo de investigación tendrí como propósito analizar críticamente el procedimiento dc impugnación de las sanciones administrativas aplicadas a los empleados la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Ambato en cl periodo 2022-2023, a fin de garantizar el debido proceso de los empleados de dicha Institución, toda vez que en la normativa interma no existe un procedimiento claro que regule el derecho a recurrir. Esto ha gencrodo que talento humano no posca una normativa interna clara para proccder en lo referente a las sancioncs disciplinarias, creándose de esta manera vacíos legales que no permiten transparentar y aplicar un debido proceso a los empleados que incurren en un acto disciplinario sujeto a sanción, por lo tanto, también se vuelve un problema al momento de resolver las impugnaciones de cardcter administrativo. Dado que el objetivo es analizar crfticamente el procedimiento de impugnación a las sanciones adminisrativas y su aplicación a los servidores públicos de la EP-EMAPAA, será necesario incluir dentro del reglamento interno, las pautas teóricas y normativas que deben seguirse xi dentro del procedimiento sancionador y de impugnación para garantizar el debido proceso en las sanciones administrativas. El procedimiento disciplinario debe ser claro, preciso y objetivo, mismo se regule de manera imparcial todo en lo referente a las sanciones administrativas y de impugnación esto encaminado hacia un debido proceso, pero sobre todo donde prime la justicia. La presente investigación se ha llevado a cabo utilizando diversas metodologías, como el estudio de caso, el enfoque histórico lógico, el método sistemático-estructural funcional, el análisis-síntesis, el método inductivo-deductivo y el método abstracto concreto. Además, se ha empleado el método empírico basado en la observación y el análisis de casos relevantes en el ámbito de estudio. Los resultados del análisis integral demostraron que la EP-EMAPA-A incumplía con el debido proceso en el procedimiento disciplinario al carecer de una normativa que regulara específicamente el proceso sancionador y el derecho a apelar, generando confusión y vulneración de derechos de los empleados. Esto se evidenció en las 3 únicas apelaciones de funcionarios del departamento jurídico en 2022-2023, de un total de 264 notificaciones, sugiriendo posibles privilegios y conflictos de interés. Este problema conocido por la autoridad, requería un estudio que demuestre la necesidad de abordar los abusos del poder administrativo reflejados en decisiones arbitrarias, excesivaso desproporcionadas, perjudicando a empleados e institución. Es crucial actuar con coherencia, justicia e imparcialidad, respetando la Constitución y la ley
La graduación de las sanciones en faltas administrativas disciplinarias graves a muy graves y su afectación a la seguridad jurídica en el código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público.
(2024-08) Izurieta Checa, Andrea Alexandra; Layedra Luna, Germánico Bolívar
En la investigación se utilizan enfoques doctrinales, legales y críticos para examinar cómo se determinan las sanciones bajo el artículo 49 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Este regula la estructura, organización, carrera y el sistema disciplinario de las entidades de seguridad. Se analizarán los métodos disciplinarios para abordar infracciones menores, serias y muy serias. Las medidas disciplinarias aplicadas a los empleados de seguridad ciudadana deben asegurar un proceso justo y, una certeza legal. El desafío de esta investigación es la ambigüedad de la legislación, porque no proporciona un método claro para escalar una falta grave a muy grave. En el momento de aplicar sanciones administrativas disciplinarias que el COESCOP contempla, es esencial que estas sean acordes con los actos que las motivaron. La falta de precisión en la normativa implica un impacto negativo en la Seguridad Jurídica, por ende, en el Derecho a la Defensa de los individuos afectados ya que, la normativa no señala cuales son los parámetros que se deben considerar con exactitud para graduar las sanciones de graves a muy graves, lo que abre las puertas para que se vulneren los derechos de los administrados en los procesos administrativos disciplinarios sancionadores; en especial el derecho al trabajo, pues dicha graduación de sanciones puede originar la destitución del servidor público al ser calificada una falta de muy grave sin las debida justificación legal, sino en base de criterios subjetivos. El enfoque de esta investigación es cualitativo. Se concluye que la ausencia de un procedimiento apropiado para clasificar y graduar las sanciones disciplinarias administrativas del COESCOP en relación con la conducta de los agentes de policía otorga al ente sancionador la facultad de adaptar el proceso disciplinario a cualquier negligencia cometida por el personal policial, lo que puede resultar en decisiones arbitrarias.
Inadecuada aplicación de las sanciones administrativas disciplinarias a docentes fiscales por delitos de acoso sexual a estudiantes en los establecimientos educativos públicos
(2024-08) Paccha Viñamagua, Jorge Gustavo; Galiano Maritan, Grisel
Las denuncias por acoso sexual en instituciones fiscales cometidas presuntamente por docentes son resueltas mediante un sumario administrativo en el cual se establece como sanción disciplinaria la destitución del infractor, sin embargo, la administración pública omite varias fases procedimentales vulnerando garantías del debido proceso, y derechos de los docentes. Esta problemática se remarca aún más cuando, en el campo penal no se logra determinar la responsabilidad penal del docente y, no se dispone un procedimiento administrativo para su reingreso a su carrera profesional dentro de una institución pública. En este sentido, se ha evidenciado que existe una inadecuada aplicación de las sanciones administrativas disciplinarias a docentes fiscales por la fata de observancia en la legalidad y legitimidad del proceso administrativo. La presente investigación fundamenta las bases teóricas y legales que sustentan la necesidad de reformar el Reglamentos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Ecuador en relación con la suspensión de sanciones administrativas disciplinarias a docentes de instituciones fiscales para garantizar el debido proceso en el Ecuador. Para ello, se utilizó una metodología desde un enfoque cualitativo partiendo de un estudio dogmático y el análisis de resultados de las resoluciones administrativas ha conllevado a confirmar la necesidad de la necesidad de instaurar una propuesta de reforma al Reglamento de la Ley de Educación Intercultural enfocada en la suspensión de sanciones administrativas disciplinaria como una medida cautelar en el procedimiento administrativo sancionador esto en cumplimiento a las garantías básicas del debido proceso establecidas en la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Código Orgánico Administrativos. Debido que, a través del estudio realizado se ha comprobado que los servidores públicos quedan en un estado de indefensión y una transgresión de derechos fundamentales, principalmente una afectación al derecho al trabajado que consagrado como un derecho y deber social, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y garantías básicas del debido proceso.
La vulneración del debido proceso en la valoración de la prueba en sumarios administrativos policiales
(2024-08) Segovia Tamayo, Juan Carlos; Celi Toledo, Israel Patricio
La vulneración del debido proceso en la valoración de la prueba en sumarios administrativos policiales se analiza en relación con la falta de formación académica de los delegados de Inspectoría General de la Policía Nacional. Esta deficiencia conduce a una valoración deficiente de la prueba, ya que no cumple con los estándares de motivación establecidos por la Corte Constitucional en su Sentencia Nº 1158-17- EP/21, establece varias pautas a examinar. Esta deficiencia motivacional se caracteriza por la Inexistencia, la Insuficiencia y la Apariencia, en contraste con la preparación de los jueces garantistas de derechos. Se observa que, al resolver, las autoridades no valoran adecuadamente la prueba en su conjunto, comprometiendo así los principios de valoración probatoria en los sumarios administrativos policiales. Además, esta situación afecta el principio de imparcialidad, generando inconsistencias en la administración de justicia dentro de la institución policial. Este hallazgo se confirma con la entrevista realizada a los tres expertos, quienes coinciden en que la falta de preparación académica de las autoridades policiales es la razón principal de esta vulneración. Así, de los cinco casos analizados en este trabajo investigativo, cuatro de ellos no cumplen con los estándares de motivación. Específicamente, presentan deficiencias motivacionales en relación con la Apariencia, lo que revela incongruencias frente a las partes y discrepancias jurídicas. Esta situación se debe a que la Autoridad Resolutiva no se pronuncia ni explica de manera clara y concisa por qué no considera los argumentos presentados por las defensas técnicas de los sumariados, limitándose x exclusivamente a lo expresado por el representante de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Como resultado, se genera una falta de transparencia en el proceso decisional, lo que afecta la legitimidad y la confianza en las resoluciones emitidas, así como incrementar las posibilidades de recursos judiciales por parte de los afectados.
La imposibilidad de acceder al derecho a la jubilación por deudas de los patronos. Una mirada desde el procedimiento administrativo del IESS y la sentencia No. 1024-19-JP/21.
(2024-10) Vallejo Quiroga, Fanny Cristina; Granizo Haro, Asdrúbal Homero
El Ecuador es un país garantista de derechos, que vela y tutela por el bienestar de todos los ciudadanos por igual, reconociendo que existe cierto grupo de personas que por su condición física y mental deben tener prioridad, estas son las personas de la tercera edad, quienes se encuentran respaldados por el Estado al pertenecer al grupo de personas de atención prioritaria. Ahora bien, este grupo de personas, quien en su etapa adulta laboraron de manera continua y a su vez pertenecieron como afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)1 , llegan a la etapa de la vejez con el derecho y la aspiración de jubilarse, es decir, empezar a recibir un rédito mensual por parte del Estado. Sin embargo, como requisito para jubilarse el afiliado debe cumplir 60 años de edad y 360 aportaciones, pero se crea una brecha de vulneración a derechos constitucionales al impedir el acceso a la jubilación cuando el empleador no ha pagado las aportaciones mensuales descontadas del salario al trabajador. Más grave aún es el hecho que se pretende hacer ante esta problemática que tiene el afiliado, pues el IESS con la finalidad de no perder el dinero que no cobró y recaudarlo de manera rápida, exige al trabajador el pago de la deuda de su empleador (incluido la mora), mediante un acto de simple administración denominado planillas excepcionales. Es este pequeño accionar es el centro de esta investigación al evaluar su poca factibilidad cuando existe retardo injustificado en el departamento de coactiva. Para la presente se enfocará en la Institución Educativa IESVAL, razón social en la que su empleador no ha cancelado más de 6 años de aportaciones y al mantener 8 trabajadores con los requisitos para acceder al derecho a la jubilación no lo pueden hacer en vista de la irresponsabilidad patronal que ejerció, en donde se aprecia que el trabajo de recaudación del IESS es ineficiente